Abogados para desalojo

Depende de tres cosas: la causa que se invoque, la carga del juzgado y —sobre todo— si el expediente permite avanzar sin incidentes. Un asunto con contrato, recibos y garantía en orden avanza de corrido; uno donde el emplazamiento se objeta o falta acreditar quién ocupa el inmueble puede duplicar su duración. Desconfíe de quien le dé un plazo antes de ver los documentos.

El contrato de arrendamiento, la prueba de la propiedad del inmueble, el respaldo de los pagos hechos y no hechos, y la identificación de quién ocupa realmente el inmueble. Con eso se determina la causa —normalmente la rescisión por falta de pago—, se requiere formalmente el pago o la entrega y, si no hay respuesta, se demanda. La garantía se revisa en paralelo, porque de ella depende cuánto del adeudo se puede recuperar.

No, y es el error más caro que puede cometer un arrendador. Cambiar la cerradura, suspender servicios o sacar las pertenencias del inquilino puede constituir un delito y dar lugar a una denuncia en su contra, además de reclamaciones civiles. En la práctica invierte los papeles: el propietario deja de ser quien reclama y pasa a defenderse, mientras el inmueble sigue ocupado. La entrega solo la ordena y ejecuta la autoridad.

Sí, pero cuesta más trabajo. La falta de contrato escrito no borra la relación: se acredita con transferencias, recibos, mensajes, testigos y con la propia conducta de las partes. Lo que cambia es la carga probatoria y el tiempo. Si además quien ocupa el inmueble nunca tuvo un arrendamiento —un familiar, un ocupante posterior a una venta o a una sucesión—, la vía no es la de arrendamiento sino la que corresponde a la posesión.

Lo primero es documentar la ocupación —fecha, personas, fotografías, testigos— y reunir lo que acredita su propiedad y su posesión anterior. A partir de ahí se abren dos caminos que suelen llevarse en paralelo: la vía civil, para recuperar la posesión, y la denuncia penal por despojo. Cuál pesa más depende de cómo entraron y de qué documentos exhiben. Lo que no debe hacerse es intentar sacarlos por cuenta propia: convierte al propietario en denunciado y retrasa todo.

No son excluyentes y persiguen cosas distintas: la denuncia busca la responsabilidad de quien ocupó indebidamente; el juicio civil busca que le devuelvan el inmueble. En la práctica se decide por lo que pueda probarse y por lo que se necesita primero. Llevar las dos sin coordinarlas es un error frecuente: lo que se declara en una puede usarse en la otra, y conviene que ambas cuenten la misma historia desde el principio.

Aquí la causa no es el adeudo, sino que el derecho a ocupar terminó. Conviene revisar qué se pactó sobre la renovación y qué ha ocurrido desde el vencimiento: seguir cobrando la renta sin dejar constancia de que no se renueva puede interpretarse como una prórroga tácita y obliga a reconstruir la posición. Lo primero es un aviso formal de no renovación con constancia de recepción; después, la demanda de terminación y entrega.

Se reclaman en la misma demanda, junto con los accesorios pactados. Cobrarlas es otra cosa: depende de que exista una garantía exigible —fiador con inmueble, póliza jurídica vigente o depósito— o de que el inquilino tenga bienes que respondan. Por eso la garantía se revisa desde el primer día: una sentencia favorable sin nada que ejecutar recupera el inmueble, no el dinero.

Es la diligencia con la que se ejecuta la sentencia y se entrega materialmente el inmueble al propietario. Ocurre al final, cuando la resolución quedó firme y el ocupante no desalojó de forma voluntaria dentro del plazo concedido. Requiere seguimiento y presencia: es la etapa donde más asuntos se atoran, y donde conviene tener previstos el acceso, el inventario y el estado en que se recibe el inmueble.

Sí. El arrendamiento comercial tiene margen de negociación más amplio que el de vivienda, y eso se refleja en el contrato: garantías corporativas, obligados solidarios, penalizaciones y reglas de terminación. Cuando el arrendatario es una empresa, el cobro del adeudo suele llevarse en paralelo por la vía mercantil.

A partir de la valoración documental del asunto: con el contrato y el estado de los pagos a la vista se estima el alcance del trabajo. Tras esa revisión se presenta una propuesta de honorarios para la atención y el seguimiento hasta la entrega del inmueble. La consulta inicial se compensa y se toma a cuenta del honorario si usted decide contratar a la firma.