Abogados de arrendamiento

Sí. Redactamos el contrato conforme al inmueble y a la garantía que va a constituirse, o revisamos el que se le propone y señalamos las cláusulas que no resultan sostenibles. Un formato genérico hace constar la renta, pero no define quién responde ante la falta de pago, con qué referencia se actualiza la renta ni en qué estado debe devolverse el inmueble.

Depende del perfil del inquilino y del monto de la renta. El fiador con inmueble es la garantía más sólida, siempre que el inmueble exista, esté a su nombre y no tenga gravámenes: eso se verifica antes de firmar. La póliza jurídica traslada el trámite a una afianzadora y conviene cuando el arrendador prefiere no litigar, pero tiene coberturas y exclusiones que hay que leer. El depósito cubre desperfectos y no sustituye a las otras dos; sin regla escrita de aplicación, su destino se discute a la salida.

Requerirlo formalmente, con constancia de que lo recibió, es el primer paso y el que ordena todo lo demás. En paralelo se revisa la garantía, porque de ella depende cuánto del adeudo puede recuperarse, y se reúne el respaldo de los pagos hechos y no hechos. Una parte de los asuntos concluye en convenio de reconocimiento de adeudo con plazo cierto. Lo que no debe hacerse es cambiar la cerradura, cortar los servicios o sacar las pertenencias: puede constituir un delito y convierte al arrendador en denunciado.

Solo si el contrato lo previó y con la referencia que él mismo señale. Sin fórmula pactada, el incremento se negocia al renovar, y esa es la oportunidad de fijarlo por escrito para los ejercicios siguientes. Un incremento no previsto en el contrato es impugnable y suele originar la suspensión del pago.

Depende de la causa. Si el inquilino incumplió —falta de pago, uso distinto al pactado, subarriendo no autorizado— la rescisión procede por esa causa y hay que acreditarla. Si no media incumplimiento, rige lo pactado: revisamos qué previó el contrato sobre terminación anticipada y qué penalización estableció. Terminar sin causa y sin cláusula abre una reclamación del inquilino.

La posición del arrendador se debilita. Seguir cobrando la renta después del vencimiento puede interpretarse como una prórroga tácita, y entonces el vencimiento ya no basta como causa. Lo correcto es un aviso de no renovación por escrito y con constancia de recepción, antes de que el plazo termine. Transcurrido el plazo, la posición se reconstruye con los elementos disponibles y se elige otra vía.

Acredita la existencia del arrendamiento y poco más. Los formatos genéricos no ajustan la garantía al inmueble, no fijan la fórmula del aumento, no reparten las reparaciones ni los servicios y no traen reglas de entrega ni de aplicación del depósito. Cada omisión es un extremo discutible cuando surge la controversia, y todas se resuelven en la redacción.

El contrato lo define, y conviene que lo haga con detalle. Como regla, las reparaciones mayores y las que derivan del uso normal corresponden al arrendador, y las menores y las causadas por el inquilino, a él. Los servicios conviene contratarlos a nombre del inquilino: mientras figuren a nombre del arrendador, el adeudo sigue al inmueble y a su propietario.

Sí. El contrato es distinto: el arrendamiento comercial tiene más margen de negociación que el de vivienda: garantías corporativas, obligados solidarios, penalizaciones, reglas de adecuación del local y condiciones de terminación. Cuando el inquilino es una empresa, el cobro del adeudo suele llevarse en paralelo por la vía mercantil.

A partir de la valoración documental del asunto: con el contrato y el estado de los pagos a la vista se estima el alcance del trabajo. La redacción o revisión de un contrato se presupuesta como trabajo cerrado; un incumplimiento, según la vía y el seguimiento que requiera. Tras esa revisión se presenta una propuesta de honorarios por escrito. La consulta inicial se compensa y se toma a cuenta del honorario si usted decide contratar a la firma.