Abogados de pensión alimenticia

Por regla general, alimentación, vestido, vivienda, atención médica y hospitalaria y, en el caso de los hijos, educación, incluida la que les permita aprender un oficio o una profesión; en su caso, también los gastos de embarazo y parto. Conviene precisar en el convenio o en la demanda cómo se cubren las colegiaturas, los gastos médicos mayores y los materiales de inicio de curso: si quedan dentro del monto o se pagan aparte y en qué proporción. Esa precisión evita buena parte de las discusiones posteriores.

Mientras subsista la necesidad. Llegar a la mayoría de edad no termina por sí solo con la obligación: si el hijo sigue estudiando un grado acorde con su edad, o vive con una discapacidad que le impide sostenerse, la pensión puede mantenerse. Dejar de pagarla requiere una resolución del juzgado; suspender el pago por decisión propia genera un adeudo.

El adeudo se cuantifica y se pide su ejecución: descuento directo al patrón, embargo de bienes y cuentas y medidas de apremio. Si el incumplimiento se prolonga, el juzgado puede ordenar que el deudor se inscriba en el registro de deudores alimentarios morosos, lo que puede restringirle algunos trámites. El incumplimiento también puede constituir un delito; esa vía se valora y se coordina con el asunto familiar.

Sí, cuando cambian de forma relevante las circunstancias que sirvieron para fijarla: pérdida del empleo, enfermedad, nuevos acreedores alimentarios o el fin de la necesidad de quien la recibe. No basta con alegar el cambio: hay que acreditarlo y demostrar cómo afecta a la capacidad de pago o a la necesidad. Mientras el juzgado resuelve, la pensión vigente se sigue pagando; lo que se deje de cubrir en ese tiempo puede reclamarse después como adeudo.

Es frecuente y tiene respuesta procesal. La capacidad económica no se limita a lo que el obligado declara: el juzgado puede pedir informes al patrón, a las autoridades fiscales y de seguridad social y a los bancos, y tomar en cuenta el nivel de vida acreditado: vivienda, vehículos, viajes y colegiaturas que sí paga. Si no se logran comprobar los ingresos, la pensión se fija con base en la capacidad económica y el nivel de vida de los últimos dos años.

Respecto de los hijos no cambia nada: la obligación alimentaria nace de la filiación, haya o no matrimonio. Lo que hay que acreditar es esa filiación, y el acta de nacimiento es el documento central. Si el hijo no fue reconocido, se demanda el reconocimiento de paternidad y, en el mismo juicio, los alimentos. Entre concubinos también puede haber derecho a alimentos, según lo que se acredite sobre el concubinato y la situación de cada uno.

Depende de la situación. Si ya hay una sentencia o un convenio, la pensión se debe en los términos que ahí se fijaron y lo que no se pagó se reclama como adeudo. Si todavía no hay pensión, al iniciar el juicio puede pedirse una provisional para que los hijos queden cubiertos mientras se resuelve. Lo anterior a la demanda no siempre se pierde: cuando el juicio incluye el reconocimiento de la paternidad, los alimentos pueden reclamarse desde el nacimiento, y el juzgado ajusta ese monto según las circunstancias, por ejemplo si el padre sabía o no de la existencia del hijo. En otros casos, reclamar periodos anteriores a la demanda es más limitado y depende de lo que pueda probarse. Por eso conviene no esperar.

Según la vía: un convenio de alimentos de mutuo acuerdo se cotiza por proyecto; un juicio contencioso o una ejecución, por etapas. Con los documentos a la vista se estima el alcance y se entrega la propuesta por escrito, con lo que incluye cada etapa y lo que no. La asesoría inicial dura 60 minutos y cuesta $2,000 MXN, abonables a los honorarios si contrata el asunto.