Abogados de guarda y custodia

Con un criterio por encima de los demás: el interés superior del menor. El juzgado valora quién ha ejercido el cuidado cotidiano, la edad, la estabilidad del entorno y, según la edad y madurez, la opinión del propio menor. Se apoya además en estudios psicológicos y de trabajo social. Por eso la prueba de la rutina —escuela, médicos, actividades— pesa más que cualquier afirmación.

No. El criterio es el interés superior del menor, no el sexo del progenitor. Durante los primeros años de vida la ley prevé una preferencia que atiende a la etapa de desarrollo, pero no es una regla absoluta ni permanente: se valora quién ejerce el cuidado, la disponibilidad real y el entorno de cada uno. La custodia paterna y la compartida se otorgan cuando la prueba lo respalda.

La custodia define con quién viven los menores y quién atiende su cuidado diario. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes sobre su persona y su patrimonio: escuela, salud, viajes, autorizaciones. Lo habitual es que la custodia la ejerza uno y la patria potestad se conserve por ambos, así que quien no tiene la custodia sigue decidiendo sobre lo importante.

Si ya hay un régimen dictado, se promueve su ejecución y se documenta cada incumplimiento: fechas, mensajes y testigos. Si no lo hay, lo primero es pedirlo, y en su caso una medida provisional mientras se resuelve. Dos cosas conviene evitar: dejar de pagar la pensión, que es una obligación independiente, y recoger al menor por cuenta propia.

Sí, cuando las circunstancias cambian de forma relevante: el domicilio, los horarios de trabajo, la etapa escolar, la edad de los menores o el incumplimiento reiterado de lo resuelto. Se promueve la modificación acreditando el cambio, y cuanto antes se documente, más sencillo resulta demostrarlo.

El cambio de domicilio de los menores afecta al régimen de convivencia, así que se resuelve en el juzgado y no de forma unilateral. Un traslado hecho sin acuerdo ni autorización puede constituir sustracción y abrir la vía penal además de la familiar. Lo aconsejable es plantearlo antes: si el motivo es legítimo, se ajusta el régimen para que la convivencia siga siendo posible.

Sí, según su edad y madurez, y en condiciones adecuadas: la escucha la conduce personal especializado y no consiste en pedirle que elija entre sus padres. Su opinión se valora, aunque no decide por sí sola. Preparar o presionar a un menor para esa diligencia es contraproducente: los equipos psicosociales lo detectan y se valora en contra.

Respecto de los hijos no cambia nada: custodia, convivencia y pensión se resuelven con los mismos criterios, esté o no el matrimonio de por medio. Lo que hay que acreditar es la filiación, y ahí el acta de nacimiento es el documento central. Cuando falta el reconocimiento, primero se tramita esa acción.

Según la vía: un convenio de custodia de mutuo acuerdo se cotiza por proyecto; un juicio contencioso, por etapas. Con los documentos a la vista se estima el alcance y se entrega la propuesta por escrito, con lo que incluye cada etapa y lo que no. La consulta inicial se compensa y se toma a cuenta del honorario si decide contratar a la firma.