Abogados para empresas

Según el tipo de contrato y lo pactado, puede exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato y, en ambos casos, reclamar los daños y perjuicios que el incumplimiento le causó. En la compraventa mercantil la ley prevé expresamente esas opciones; en otros contratos, como los de prestación de servicios, se atiende a lo pactado y a las reglas generales de las obligaciones recíprocas. Los daños y perjuicios no se presumen por el solo incumplimiento: hay que precisar en qué consistieron y probar su existencia y su monto. Antes de suspender pagos o contratar a otro proveedor, conviene revisar lo que el contrato dice sobre avisos, plazos para corregir, penas y terminación, y documentar el incumplimiento.

Sí, pueden ofrecerse como prueba: la ley admite los mensajes de datos como medio de prueba, y los correos y mensajes pueden servir para acreditar una relación comercial, lo que se acordó o lo que se reclamó. Que se admitan no significa que, por sí solos, demuestren lo que se afirma: su valor depende de que se acredite quién los envió y de la fiabilidad del método con que se generaron, se comunicaron y se conservaron. Por eso conviene conservarlos en el dispositivo o la cuenta original, completos y con fechas y remitentes, no solo como capturas de pantalla, y relacionarlos con otros documentos, como el contrato, las facturas y las constancias de entrega. Si la otra parte niega haberlos enviado o recibido, corresponde a quien los ofrece acreditar su autenticidad por otros medios, por ejemplo, con un dictamen pericial.

Lo primero es identificar qué autoridad lo emitió, qué ordena o determina, y cuándo y cómo se notificó. Los plazos para atenderlo o impugnarlo, y el momento en que empiezan a correr, dependen de la ley que rige cada procedimiento, por lo que conviene calcularlos desde el primer día. Por regla general, un acto de molestia —como un requerimiento o una multa— debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, que señale con precisión la norma que le da esa atribución y exprese los hechos y fundamentos por los que actúa. Con esa revisión se decide si conviene cumplir, aclarar o aportar información, o impugnar. La vía también depende del acto: los actos fiscales federales tienen medios de defensa propios, distintos de los que corresponden a otros actos administrativos federales o a los de autoridades locales, como las de la Ciudad de México. Conviene no dejar vencer el plazo mientras se decide.

Con el expediente de la relación laboral completo y revisado desde el inicio. Cuando hay controversia, la ley pone a cargo del patrón probar hechos como la fecha de ingreso y la antigüedad, la jornada ordinaria y, dentro del límite que fija la ley, la extraordinaria, el monto y el pago del salario y de las prestaciones, y la causa de la rescisión. También lo obliga a conservar y exhibir documentos como contratos, nóminas o recibos de pago y controles de asistencia; si no los presenta, se presumen ciertos los hechos que el trabajador afirme sobre ellos, salvo prueba en contrario. Conviene reunir el contrato, los recibos firmados o los CFDI de nómina verificables, los controles de asistencia, los comprobantes de vacaciones, aguinaldo, primas y reparto de utilidades, las constancias de seguridad social y, si hubo rescisión, el aviso escrito con la conducta que la motivó y su fecha, junto con la constancia de que se entregó al trabajador o se comunicó al tribunal. Antes del juicio hay, por regla general, una etapa de conciliación obligatoria, salvo en los casos que la ley exceptúa, como los de discriminación o los de prestaciones de seguridad social; conviene acudir a ella con esa información revisada.

Sí, si el contrato prevé una pena convencional, que fija de antemano la indemnización por el incumplimiento o por el retraso. Para cobrarla debe acreditarse el incumplimiento en los términos pactados. En un contrato mercantil, si la pena se pactó para compensar el incumplimiento, total o parcial, la empresa debe elegir entre exigir el cumplimiento del contrato o el pago de la pena: al ejercer una de esas acciones se extingue la otra. Si la pena se pactó solo por retraso o mora, puede reclamarse junto con el cumplimiento, porque compensa la demora y no sustituye a la obligación principal; su procedencia depende de cómo esté redactada la cláusula. Si el contrato no prevé pena, puede reclamarse la indemnización de daños y perjuicios, que debe acreditarse. El monto y los límites de la pena se revisan en cada caso.

Revisarlo cuanto antes. Por regla general, lo firmado obliga en los términos pactados y en las consecuencias que, según su naturaleza, derivan de la buena fe, el uso o la ley, aunque no se haya revisado con detalle. La revisión identifica qué obligaciones y plazos asumió la empresa, qué garantías otorgó —pagarés, fianzas, obligados solidarios o avales—, qué penas y causas de terminación prevé y cómo se resolverían las controversias. Con eso se decide si conviene cumplir y documentar el cumplimiento, negociar por escrito una modificación con la otra parte o prepararse ante un incumplimiento. Hay supuestos en que puede discutirse si el contrato obliga a la empresa o si es válido —por ejemplo, si quien firmó no tenía facultades suficientes, si se cuestiona el consentimiento con que se firmó o si existe una causa legal de invalidez—, y cada uno requiere un análisis particular.

Cuando la empresa firma contratos con frecuencia, tiene asuntos abiertos en varias materias, recibe requerimientos o reclamaciones de manera recurrente o necesita consultar decisiones antes de tomarlas. El esquema se define por escrito según el volumen de trabajo previsto: servicios incluidos —por ejemplo, revisión documental, consultas y seguimiento—, exclusiones y honorarios. Las gestiones, los procedimientos y los litigios se incluyen solo si se acuerdan de forma expresa. La asesoría inicial dura 60 minutos y cuesta $2,000 MXN, abonables a los honorarios del asunto contratado.